NO SE PUEDE HACER TORTILLA SIN ROMPER LOS HUEVOS

[Benet Salellas, abogado y exdiputado de la CUP-CC]

Esta popular frase proverbial la pronunció Joan Coma i Roura, concejal de Capgirem Vic [1], en un pleno de su Ayuntamiento en diciembre de 2015. El independentismo había sugerido una campaña de mociones de apoyo a la resolución que había aprobado el Parlamento de Cataluña de inicio de la XI legislatura en los diferentes ayuntamientos del país y fue precisamente en el marco de esta defensa de la soberanía parlamentaria que Joan Coma pronunció estas palabras:

Entendemos que, además, la declaración de ruptura con el Estado español tiene dos grandes virtudes. Por un lado, compromete al parlamento a adoptar las medidas necesarias para abrir este proceso de ruptura con el Estado español, de una manera democrática, masiva, sostenida, pacífica, que permita el empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y se base en la participación abierta, activa e integradora. Democracia, participación, poder popular, cosas que hemos reivindicado desde hace mucho tiempo. Por otra parte, el parlamento se erige en único depositario de la soberanía y en expresión del poder constituyente. Declara, así, que dejemos de supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones españolas, en particular a las decisiones del Tribunal Constitucional, que considera carente de legitimidad y competencia. Desobediencia, hace tiempo también que la reclamamos. Nosotros siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos, y esta declaración significa un claro paso adelante hacia la construcción de la república catalana.

A la salida del Pleno uno de los concejales del consistorio, el conocido ultraderechista Josep Anglada, acudió directo a la Guardia Civil a interponer una denuncia contra este discurso, que le acabó comportando una imputación al concejal cupaire , por un delito de incitación a la sedición, al tribunal especial de la Audiencia Nacional. Nuevamente, complicidad política entre la ultraderecha, los cuerpos policiales y la Audiencia Nacional y, visto con la perspectiva del tiempo, una auténtica premonición de cual sería la etiqueta jurídica con que el Estado pensaba hacer frente al independentismo, el delito de sedición con que el otoño de 2019 los líderes sociales y políticos encausados ante el Tribunal Supremo serían condenados a cien años de cárcel.
De este antecedente podemos extraer algunos de los elementos centrales de este proceso en los términos vividos estos últimos años: desobediencia civil, institución destituyente, autotutela de derechos, empoderamiento comunitario y autoritarismo estatal.

La desobediencia civil

Durante la legislatura en cuestión (2015-2017) se habló mucho del valor de la desobediencia como herramienta de lucha. Empezamos haciéndolo con una idea difusa, incluso en algunos momentos el término fue utilizado sencillamente para hablar de rebeldía política o de ganas de cambiar todo lo que parece injusto, muy centrada en la necesidad de tener capacidad crítica y de actuación ante leyes y decisiones judiciales que se perciben como injustas, de ser sujetos con criterio propio. Posteriormente se avanzaría mucho más hacia la desobediencia civil como tal, más en la forma en que tradicionalmente ha sido utilizada, hasta la expresión máxima de desobediencia civil multitudinaria que supuso la jornada del 1-O. Sin embargo, cuando Jordi Cuixart desgranó y argumentó sobre el concepto canónico de desobediencia civil en la defensa política que hizo en el juicio sobre el 1-O, el movimiento independentista descubrió que había ido actuando con cierta inercia política sobre el tema, muy bien encaminado, probablemente fruto de la cultura política que se había ido forjando en los últimos decenios y de un cierto espíritu libertario que siempre ha tenido la sociedad catalana pero sin haber tenido mucho conciencia sobre el tema.

Antes del otoño de 2017, el independentismo había trabajado en todo momento en un escenario de grandes movilizaciones populares, intergeneracionales y transversales políticamente que no habían comportado ningún momento de confrontación directa con el poder establecido, el Estado se había limitado a ignorar el movimiento, a caricaturizarlo y a despreciarlo. Con la preparación del referéndum de autodeterminación, hubo un cambio de estrategia capitaneado especialmente por el poder judicial y la Guardia Civil, buenos representantes del franquismo sociológico que pervive en amplios estratos de estas instituciones del Estado. Durante el mes de septiembre se produjeron actuaciones judiciales en imprentas, medios de comunicación, almacenes de distribución y finalmente en las dependencias de la Generalidad y de un partido político el día 20. Estos episodios supondrían los primeros contactos empíricos entre las fuerzas del Estado y la ciudadanía que sale a protestar en una lógica no sólo independentista sino claramente republicana, es decir, de defensa de derechos políticos. Y aquí es donde se produce un primer salto en el proceso de movilización en que habría que resaltar al menos dos rasgos muy característicos de aquellos días: la voluntad de estar presentes y la no violencia.

Ante la ocupación policial que se produce del país, la respuesta ciudadana existe porque hay un empoderamiento colectivo muy importante. No hay miedo. Así se ha gritado en las calles de Barcelona tras los atentados del 17 de agosto y así se expresa las semanas posteriores con las actuaciones policiales. Es conocido que Cataluña tiene una larga tradición de conciencia política desde abajo, y esta conciencia se profundiza en aquellos momentos fruto del trabajo del movimiento independentista pero también de muchas otras experiencias como el 15-M y la PAH -Plataforma de Afectados por la Hipoteca-, que están muy presentes en la retina de los actores políticos catalanes. Su metodología y praxis política serán al mismo tiempo escuela y referente. Y estos actores recientes se vinculan también en una tradición más histórica de lucha no-violenta y de desobediencia civil en nuestro país que va del movimiento contra la OTAN, por la insumisión al servicio militar, el movimiento ecologista, el feminismo... Por esto la respuesta aquel septiembre es la que es, sin que hubiera demasiadas consignas previas, sin que realmente existiera una organización clara que pudiera comandar las movilizaciones, desde la sede de Unipost en Terrassa, los almacenes de Riells hasta la sede de la CUP en la calle Casp, la respuesta es sentarse en el suelo pacíficamente ante la policía y colocar el propio cuerpo como instrumento de defensa, en aquella vieja lógica gandhiana, estar dispuesto en el peor de los casos a recibir violencia pero no estar nunca dispuesto a ejercerla contra otro.

Aquellas semanas fueron un aprendizaje colectivo, acelerado e incompleto, pero sólo una tradición política fuerte, un trabajo ideológico intensivo sobre este marco de acción política en los meses anteriores y la ejemplificación precipitada en las semanas previas, pueden explicar aquel 1 de octubre de reacción tan unánime en este doble sentido, de determinación de estar y defender los colegios pero desde la más absoluta no violencia construyendo uno de los supuestos de desobediencia civil masiva más importantes de la Europa Occidental.

Institución destituyente

El referéndum en concreto se pudo llevar a cabo por una combinación de la movilización popular con una aportación institucional evidente, sobre la que todavía no se puede hablar claramente porque se encuentra sub iudice en diferentes procedimientos judiciales. En cualquier caso, más allá de la aportación concreta, hay una actitud expresada por el poder autonómico y por una parte importante del poder municipal en ese período que es la que acompaña y facilita el proceso que podríamos llamar como destituyente porque tiene una naturaleza clara de impugnación del régimen existente. Una de las fórmulas de este poder destituyente se expresa en aquellos momentos precisamente con la desatención de determinados requerimientos provenientes del poder central, ya sea el gobierno del Estado o el Tribunal Constitucional, en una cierta superación de la estrechez habitual con que las instituciones suelen funcionar en relación a la ley. Es, de alguna manera, una especie de desobediencia civil aplicada a las instituciones en una propuesta sui generis porque ni siempre es tan pública ni tan colectiva como la desobediencia civil al uso. De hecho esto sólo es posible porque nos encontramos en un Estado con una mínima desconcentración del poder en diferentes administraciones que permite este juego de desobediencias internas dentro del sistema institucional. No es un debate sencillo, pero en aquellos meses pudimos experimentar este híbrido llamado desobediencia institucional.

Es complejo precisamente porque habitualmente nos había tocado trabajar desde fuera de la institución y descubrimos la diferente perspectiva que supone ejercer la desobediencia desde dentro. Tiene un efecto de cortocircuito del sistema muy importante. Las instituciones están construidas para proteger el sistema político y jurídico, por lo tanto, cuando la contradicción entre legalidad y legitimidad que queremos evidenciar con el ejercicio de la desobediencia se produce dentro de la institución el conflicto emerge de manera mucho más profunda y, al mismo tiempo, las consecuencias también tienen otras magnitudes. Llevar hasta las últimas consecuencias una posición de desobediencia institucional sólo tiene sentido si en este plan hay en un futuro más o menos próximo la posibilidad de dar la vuelta al conjunto del ordenamiento jurídico. Si no, la posibilidad de sostener la desobediencia desde dentro de la institución es muy limitada y comporta pronto la anulación del conjunto de la acción institucional, previa inhabilitación de sus principales responsables políticos. Ahora bien, también es cierto que la capacidad de difusión del debate político que se tiene desde la institución funciona como un altavoz inigualable. El sistema jurídico español, por otra parte, es tan encorsetado; el margen de actuación es tan estrecho y los poderes políticos y económicos son tan beligerantes que podríamos predecir que cualquier cargo público que haya hecho bien el trabajo, probablemente acabará imputado antes de acabar la legislatura.

Autotutela de derechos

Cuando se llega al verano de 2017 con el anuncio de la fecha y la pregunta de un referéndum sobre la república catalana se da el disparo de salida de una nueva fase en la reconstrucción de nuestra soberanía, desde la conciencia de que el ejercicio y la conquista de derechos es siempre sinónimo de conflicto. La convocatoria era un pulso, un pulso al gobierno Rajoy, pero también un pulso al conjunto de las instituciones del Estado que lo amparaba (Tribunal Constitucional, Fiscalía, la jerarquía judicial) y a la mayoría amplia del arco parlamentario que lo secundaba, el conocido bunker del 78. No podemos olvidar que en ese momento todo el antiguo régimen se alía de forma explícita en contra del referéndum, no sólo las instituciones estatales. El Rey, la jerarquía eclesiástica, la banca, la patronal, los sindicatos de concertación y los partidos políticos unionistas remaron en contra de la celebración del referéndum.

En ese momento tuvimos claro que el escenario político en el que nos encontrábamos necesitaba pasar por un componente de hecho, de acción, de realidad. No había más alianzas ni avances ni más reconocimientos internacionales posibles sin la convocatoria de un referéndum y su materialización. En condiciones de normalidad democrática el gobierno de la Generalitat hubiera convocado un referéndum y lo hubiera celebrado a la quebequense. No era la coyuntura que vivíamos, éramos conscientes. Las instituciones estatales españolas, desbocadas en la cruzada contra el ejercicio del derecho a la autodeterminación, estaban llamadas a intentar impedir la normalidad preparada desde aquí con el único objetivo de disponer de pretendidos argumentos para discutir la legitimidad de un posible resultado que les fuera adverso desde allí.

Nosotros éramos partidarios de construir un carril central de consenso sobre las garantías por que teníamos que tensar la institucionalidad al máximo. Al mismo tiempo, sin embargo, teníamos que empezar a construir la idea de que el 1-O ocurriría en un contexto de autotutela de derechos. La autotutela es un mecanismo de garantía de los derechos cuando las garantías institucionales se encuentran bloqueadas o resultan insuficientes. Serían garantías de autotutela en determinados supuestos desde el derecho a huelga hasta la desobediencia civil, en la filosofía del concepto de garantía social de la Constitución del Año 1 de la Revolución Francesa que la definía así, consiste en la acción de todos para asegurar a cada uno el disfrute y conservación de sus derechos.

Y de eso se trataba en aquellos meses, entre otras muchas cosas, de autotutelar nuestros derechos. El derecho a la autodeterminación siempre tiene un componente de autogestión y de construcción desde abajo. Lo cierto era, sin embargo, que en ese momento nuestro derecho a voto sobre el nacimiento de una república en Cataluña no tenía ninguna posibilidad de acudir a una garantía jurisdiccional, no había ningún tribunal en España que quisiera ampararlo; por eso no nos quedaba otro remedio que, como en tantas otras momentos de nuestra historia, autotutelarnos en nuestros derechos.

Nosotros sabíamos que la celebración del referéndum aquel 2017 contendría una cierta dosis de eso, de desobediencia, de autotutela de derechos, de rebeldía. Lo escribíamos en los artículos y tribunas a las que tuvimos acceso en aquellas fechas porque lo veíamos como un elemento imprescindible. Desconocíamos cuál sería la forma concreta, cuál sería la consigna que habría que dar y desde qué espacios, pero no teníamos duda de que habría que incorporar este elemento doble: autotutela colectiva y desobediencia de las órdenes que provendrían de la institucionalidad española. Había que tener cuidado, un exceso de autotutela podía convertir el referéndum en un butireferéndum como decían algunos. De hecho, los detractores de las garantías - Coscubiela, Rabell, Albiach...- apuntaban hacia esta dirección, que no había suficientes garantías institucionales que validaran los resultados del referéndum y la neutralidad de sus actores. Pero por otro lado, un discurso de legalidad pura nos llevaba a un callejón sin salida evidente porque las prerrogativas del gobierno central ante el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal estaban dispuestos a intervenir hasta las últimas consecuencias la débil legalidad estatutaria catalana. Nuestra acción política se orientó de manera explícita en este difícil equilibrio, institucionalidad para dar validez y autotutela para garantizar la existencia y celebración del referéndum.

Empoderamiento comunitario

Marcelino Camacho había dicho en plena lucha contra la dictadura que los derechos se ganan ejerciéndolos ( el derecho a huelga se consigue haciendo huelgas...) y éste es uno de los grandes aprendizajes de nuestro tiempo. Contrariamente a buena parte de los discursos políticos que el independentismo mayoritario había blandido en muchos momentos, no hay nada que nos sea regalado en la conquista de derechos individuales y colectivos. Y por eso una de las lecciones más importantes fue entender que ante la prohibición del voto para la autodeterminación sólo se podía responder votando para la autodeterminación. Y para ello, en un país con la coyuntura de nuestro, este objetivo sólo era posible a partir de la autoorganización popular y de la ocupación de los colegios electorales por parte de la propia comunidad, desde las asociaciones de vecinos, las de madres y padres de alumnos, los equipos de deporte de base, las agrupaciones culturales, el escoltismo hasta los ateneos; el conjunto de la sociedad organizada. La red era preexistente pero la indignación que había ido cociéndose las semanas previas al referéndum permitieron que cristalizara en una organización que comprendió la integridad del territorio y la interpelación a una parte muy importante de la sociedad catalana. Este empoderamiento y la realización colectiva del evento fueron la base de ese momento fundacional que provocó un antes y un después de aquella fecha.

A menudo se pone mucho la mirada en el aspecto negativo, en la represión, en como la violencia policial provocó un cambio de chip en la población. Y seguro que es así. Ahora bien, en aquellos días hubo un aspecto muy positivo, la cohesión comunitaria. En muchos lugares, los vecinos conocieron por primera vez muchos de sus conciudadanos en aquella larga vigilia de las horas previas del 1-O lo que supuso un crecimiento humano incalculable. La experiencia del 1-O unió comunidades a partir del conocimiento mutuo y del reparto de tareas y funciones de aquellos días. Por eso nacieron a partir de ese hecho multitud de colectivos más o menos formales esparcidos por todo el territorio y que en muchos lugares se cobijaron bajo la forma de los Comités de Defensa del Referéndum primero y de la República después. Y por eso también nacieron cuadrillas, cenas de calle, grupos de mensajería y tantas otras fórmulas que son expresión de este nuevo vínculo comunitario. Y ese sujeto colectivo protagonizó la huelga general más contundente que se recuerda y abrió un proceso de movilización durante aquel octubre que superó el establishment independentista y puso por primera vez en mucho tiempo el statu quo del 78 en riesgo.

Autoritarismo estatal

Por eso la represión del Estado no se hizo esperar con la detención de los Jordis, el encarcelamiento del gobierno y la apertura de cientos de causas. Este probablemente era el único ingrediente absolutamente previsible. El aparato represivo del Estado conformado por todos sus actores policiales y judiciales se posicionó plenamente en el combate político para impedir el ejercicio del derecho a la autodeterminación. En el ámbito penal, encargado tradicional de la represión más dura, se modificaron las jurisdicciones para centralizar algunos procedimientos en la cúpula judicial, se recuperaron figuras delictivas del pasado, como la sedición, e incluso se reinterpretaron los delitos pensados para la protección de minorías para utilizarlos para la protección de los cuerpos policiales siempre con graves consecuencias de efecto desalentador ( chilling effect ) para el ejercicio de los derechos fundamentales de expresión y de participación política. También el legislativo español, en un frente compuesto por diversos partidos políticos (PP, PSOE y C's), se implicó en esta explosión represiva mediante la aplicación del artículo 155 CE, generando una unidad de acción entre todos los poderes del Estado español, incluso con aquellos que no son estrictamente institucionales, como la extrema derecha.

Se ha hablado mucho de esta cuestión y ha monopolizado buena parte de la acción política de los últimos tiempos. El juicio contra los líderes sociales y políticos del independentismo ante el Tribunal Supremo, criticado por importantísimos actores internacionales en materia de derechos humanos y que terminó con una condena a cien años de prisión, simboliza perfectamente como la única respuesta que el estado da al ejercicio del derecho a la autodeterminación es una descarnada represión. El orden social derivado del 155 CE no es el resultado de la resolución del conflicto social, es decir, no es que el problema que derivó en el conflicto como es la negación de la soberanía de Cataluña se haya resuelto. Por el contrario, después de un elevado uso de la violencia podría parecer que el conflicto ha disminuido, pero en realidad hemos asistido a una pacificación por la fuerza. Por lo tanto, este orden autonómico no resulta de un pacto social sino de la utilización sistemática de la vertiente represiva del estado.

Ahora bien, esta pacificación no ha conseguido barrer todo lo que se había plantado y el empoderamiento, la autotutela, la capacidad destituyente y desobediente no han desaparecido. Están latentes. De hecho, las protestas contra la sentencia el pasado octubre, en sus múltiples formas, demostraron que el conflicto se encuentra abierto y que una nueva generación, más joven, se incorporaba a las movilizaciones con un discurso muy bien trabado de derechos col colectivos como la autodeterminación pero sobre todo y también de defensa de los derechos democráticos, concibiéndolo como un todo, en una lógica muy similar a las protestas que crecían aquellos mismos días en Chile, Hong Kong o Beirut. Contrariamente a lo que el régimen deseaba, aquí no se ha rendido nadie y además, hemos madurado políticamente. Hemos aprendido cosas y hemos reinterpretado otras, conscientes de que como decía la vieja frase hecha, no se puede hacer tortilla sin romper los huevos.

[1] Capgirem Vic es una candidatura formada per la CUP, Candidatura de Unidad Popular, i Procés Constituent – Proceso Constituyente- de base asamblearia representativa del municipalismo popular, rupturista y de liberación nacional y social que se presentó a las elecciones municipales de 2015 del municipio catalán de Vic, capital de la comarca de Osona, obteniendo cuatro de los veintiún concejales.