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vol 29 • 2020

Absurdistan

Absurdistán

[Bodil Valero. Miembro del Parlamento Europeo (2014-2019)]

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Son las vacaciones de Navidad 1976/77, voy en interrail con una amiga. Franco está muerto y enterrado. Nuestro boicot a la dictadura ha terminado. Queremos ir hasta Marruecos, que es hasta donde nos permite nuestra tarjeta de interrail del tren. ste es mi primer encuentro con España y Cataluña.

En el tren compartimos espacio con otras personas. En una estación, tres guardias civiles españoles entran en el tren. Un hombre del compartimento se pone muy nervioso y entre todos le ayudamos a esconderse bajo el asiento. Los guardias civiles entran en el compartimento muy armados y piden los pasaportes. Les mostramos nuestros pasaportes suecos. Como resultado, y aunque no podemos decir ni una palabra en castellano, se sientan allí con nosotras a conversar. Tener un pasaporte sueco en los años 70 es siempre una ventaja cuando viajas, pero ser una chica sueca también significa que se te considera una presa legítima, de bajo precio. Pasa un buen rato hasta que conseguimos librarnos de ellos.

Éste no será mi único encuentro con la Guardia Civil en los siguientes años. Un día me despierta un golpe en la puerta. En el exterior, un guardia civil me está apuntando con su arma automática, la misma persona que la semana anterior me interrogó sobre mis hábitos sexuales en la gasolinera cuando ponía gasolina. Desde luego, me negué a responderle.

Este primer viaje mío a España fue el comienzo de más de cuarenta años de estrecho contacto con España y Cataluña. Viví en Cataluña durante los primeros años de la transición a la democracia. Allí viví durante el golpe militar de 1981. También me casé con un catalán, por lo que mis hijos también lo son.

Llegar de Suecia, un país de paz y plena libertad, a los 18 años, a un país autoritario con todas las estructuras de la época franquista y con una organización terrorista activa fue para mí un enorme choque cultural. Lo encontraba todo muy absurdo. Enseguida aprendí a no aparcar nunca frente a una comisaría (cosa muy segura en Suecia). «Son los primeros que estallan»; y la Guardia Civil «primero dispara y pregunta después». Muchos de mis amigos hablaban catalán, pero sólo escribían en castellano. Con algunos hablábamos en castellano, con otros en catalán, pero todos nos entendíamos. En el pueblo donde yo vivía casi no sabían hablar castellano, a pesar de que el catalán había estado prohibido durante cuarenta años, de modo que aprendí catalán. En el camino de mi casa había un pueblo con sólo dos habitantes. Lucharon en diferentes bandos durante la guerra civil y todavía no se hablaban.

Nací en un país (Suecia) donde la imagen de España estaba claramente dividida. La parte «glamurosa» con el turismo chárter: sol y playa, barbacoas, alcohol baratísimo y discotecas. La parte oscura: la dictadura y la pena de muerte que aún se estaba aplicando. Recuerdo claramente cuando el jefe de gobierno socialista, Olof Palme, expresaba en un famoso discurso que Franco era un asesino. Y también las agudas y justificadas críticas al sindicato sueco que en un viaje chárter se fue de fiesta a la misma dictadura.

En la escuela aprendí que el único país en desarrollo que quedaba en Europa era España y que allí se hablaba español. Formé parte del grupo de suecos que boicoteó todo tipo de viaje a España mientras vivía Franco.

Hoy todo el mundo parece haber olvidado la época oscura. Como mucho, aprendemos que España fue una dictadura durante 40 años, pero que ahora es una democracia plena. Pero la transición de la dictadura a la democracia necesita tiempo. Sobre todo cuando las estructuras fundamentalmente no cambian. En el norte de Europa a menudo se cita como ejemplo la buena transición a la democracia en España. Especialmente, después de la intervención del rey español durante el fracasado golpe de estado de febrero de 1981. Incluso con la entrada de España en la UE en 1986, yo pensé que la cosa no podía fallar. Tanto para España como para todos los miembros de la Unión Europea había valores comunes: democracia, derechos humanos y estado de derecho son vinculantes. Con España en la Unión habría también una garantía para los derechos de las minorías y de sus lenguas.

El uso de la fuerza del gobierno español durante el referéndum del primero de octubre de 2017 supuso, pues, un despertar brutal para el mundo exterior. En toda la Tierra se publicaron imágenes que mostraban cómo la policía y los guardias civiles golpearon indiscriminadamente a jóvenes y viejos que hacían cola ante los colegios electorales. Los medios empezaron incluso a escribir de una forma nueva sobre el conflicto.

A pesar de la gran oposición del Estado español, el gobierno catalán ha hecho grandes esfuerzos para transmitir por qué querían un referéndum de independencia, pero la imagen mediática muy a menudo era que los nacionalistas ricos querían dejar abandonados a los más pobres. Desde luego, éste no es un mensaje que agrade a Europa, donde lo que cuenta es la solidaridad entre los países. Además, la palabra «nacionalismo» nos hace pensar en el fascismo y en el extremismo de derechas.

Pero, ¿cómo se llegó hasta el punto que los catalanes se vieran obligados a llevar a cabo el referéndum y que el gobierno español se sintiera obligado a «derrotar el alzamiento»? ¿Por qué no se sentaron y hablaron? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo antes de llegar tan lejos?

A menudo, la embajada española en Estocolmo me preguntaba qué haríamos si Escania quisiera independizarse y siempre contestaba que estaba convencida que nuestro jefe de gobierno iría a Escania, hablaría con los escanianos y hallarían una solución aceptable para ambas partes. Ahora he entendido que la relación entre Cataluña y el Estado no ha cambiado mucho durante los siglos. En intervalos regulares los catalanes intentan liberarse de España y en cada ocasión el Estado cesa la revuelta por la fuerza. El diálogo y el consenso no son el método. Sin embargo, otros país de la UE esperamos que las democracias se comporten como democracias, incluidas las democracias jóvenes. Esta falta de diálogo es muy difícil de entender.

Hay muchos ejemplos de conflictos territoriales resueltos con el diálogo y el consenso. En una ocasión, Noruega quiso independizarse y se resolvió por consenso. Los países bálticos son otros ejemplos pacíficos. En Quebec y Escocia los ciudadanos llegaron a votar y optaron por quedarse. Según el gobierno español, el gobierno representaba la mayoría silenciosa (unionista) porque no había ninguna mayoría en Cataluña a favor de la independencia. Entonces, nos podemos preguntar: ¿por qué crecieron más y más los partidos independentistas mientras que, en principio, ellos mismos (Partido Popular) han quedado erradicados como poder político en Cataluña? También nos podemos preguntar: ¿por qué no permitieron el referéndum, por qué no se implicaron en las campañas por el «no» a la independencia como los británicos? Habrían tenido una gran oportunidad de ganar en ese caso. Especialmente si a la vez pretendían resolver al menos algunos de los muchos problemas que sufren los catalanes en su relación con el Estado.

En cambio, el gobierno fingía que no había conflicto en España, y por tanto no hablaba de ello. Lo que no se puede mencionar, no existe, y consiguieron engañar al mundo sorprendentemente bien. Lo que ocurre en España pocas veces da titulares en la prensa europea. La cosa llegó tan lejos que, cuando el rey Felipe VI habló ante el Parlamento Europeo, no mencionó para nada el conflicto con Cataluña. Negación total también del jefe del Estado, que debería ser quien, en una situación difícil para el país, entrara y mediara entre diferentes actores. En el conflicto que tratamos aquí, entre Estado y Autonomía, sería necesario un tipo de diálogo completamente diferente. No basta con tener la oportunidad de expresarse en el marco del Senado (según proponía el gobierno central), donde el gobierno, en todo caso, tiene mayoría absoluta. El Estado español también se negó a aceptar la ayuda de mediadores externos. Tanto antes como después del referéndum.

El gobierno catalán, por su parte, comprendió que se enfrentarían al gobierno central si se dirigieran a unas elecciones, pero la cuestión es si, incluso en su imaginación más delirante, se podían imaginar que la policía de un Estado miembro de la UE utilizaría tanta violencia contra votantes indefensos. La pregunta también es si existió alguna posibilidad de marcha atrás cuando fallaron todos los intentos de diálogo. El tema de la independencia ser basa mucho en las demandas populares y, en este caso, la presión sobre los electos ha sido y es muy fuerte. No se trata en ningún caso de castellanohablantes contra catalanohablantes, como muchos han intentado hacer creer. En los dos grupos hay quien está a favor o en contra de la independencia.

El gobierno central tampoco se libró de presiones, internas y externas. Durante muchos años el Partido Popular -los herederos de la época franquista- fue el único partido de derechas. Tras grandes escándalos de corrupción en el partido se vieron atacados por todos lados. Un nuevo partido, “Ciudadanos”, se formó en Cataluña con demandas, entre otras de cambios en las leyes lingüísticas. Presionaron para una mayor «españolización» de Cataluña y también consiguieron que arraigara la imagen de catalanohablantes contra castellanohablantes. Y en el bando más extremo estuvieron los falangistas, que antes votaban al PP, siempre que éste se mantuviera realmente en la extrema derecha. Algo que realmente hacían. En el resto de Europa nos sorprendíamos que España se salvara de la creciente ola de partidos europeos de extrema derecha, pero este partido realmente no se echaba en falta. La extrema derecha tenía ya un gobierno que se acercaba cada vez más a la política de los falangistas y realizaba partes de su política para no perder sus votos.

A pesar de que, durante los últimos años, hemos visto algunas tendencias inquietantes en España, la imagen general de los de fuera ha seguido siento el sol y la playa, con la idea que España es una democracia plena y que el rey Juan Carlos I salvó al país de la dictadura. En 2015 se estableció la notoria Ley para proteger la Seguridad Ciudadana, la que usualmente se llama «Ley Mordaza». Desde su creación, está sancionado criticar a Dios, al rey y al gobierno. Filmar a un agente de policía que pega a un manifestante y subir eso a Facebook puede acarrear multas, lo mismo que si participas en una sentada ante una central nuclear, etc. Desde 2015, diversos actores, músicos, etc., han sido multados, encarcelados o han tenido que exiliarse por lo que han dicho o escrito.

Cuando el color amarillo no se pudo utilizar durante unas elecciones y «Ciudadanos» dedicó un gran esfuerzo y energía para cortar los lazos amarillos en cualquier lugar de Cataluña, en otros países nos resultó tan disparatado que preferimos no creérnoslo. Es igual de absurdo que hasta hace poco existiera un enorme monumento financiado a través de los impuestos para homenajear al dictador y que los que luchaban en el bando de la oposición también fuesen enterrados allí pero en fosas comunes -contra la voluntad de sus familiares y, se supone, de la suya propia. Los franquistas lo llaman «reconciliación». Para mí, uno de los casos más absurdos como ciudadana sueca es que el ministro del Interior, a la hora de galardonar a algún agente de policía que se distinguiera por su buen trabajo, premió a la Virgen Patrona de la policía. Recordemos que estamos en época de democracia, en un país de la Unión Europea y no en una dictadura.

Los de fuera del país normalmente no saben que España es el país del mundo, después de Camboya, que tiene más fosas comunes sin abrir y que ni un solo criminal de guerra ha sido condenado en los tribunales. Tampoco saben que no se han podido retirar los honores concedidos a uno de los torturadores más notorios de la época franquista: Billy el Niño. Es bastante conocido, gracias a la prensa rosa, que la corrupción es amplia, a escala política de derecha e izquierda, incluyendo la casa real, pero parece que los ciudadanos se resignan con que probablemente ocurra lo mismo en todas partes.

Uno de los principales problemas que veo es la Constitución adoptada en el momento de la transición a la democracia, que en gran medida se basa en las estructuras antiguas, incluido el poder de los militares. Esta Constitución es la que ahora se ha usado como base para juzgar a los representantes del gobierno catalán y a los líderes de la sociedad civil. También en esta cuestión, la negación ha sido la norma: no hay presos políticos en España; se les llama «políticos presos» (que son criminales!) Pero resulta que tenemos medio gobierno catalán y dos líderes de la sociedad civil en la cárcel, condenados hasta 13 años por insurrección. La presidenta del Parlamento catalán ha sido condenada por permitir un debate sobre la independencia en el Parlamento. ¿No es precisamente el Parlamento el lugar donde debemos debatir? Según dicen, tampoco ha habido ningún conflicto político con Cataluña. Hasta hace poco lo han llamado «conflicto de convivencia», cuando el último gobierno se ha visto obligado a cambiar y a pedir apoyo a uno de los partidos independentistas catalanes para conseguir una mayoría para formar gobierno, aprobar presupuestos, y apoyo para otras propuestas. Cuando se adoptó la Constitución en 1978 también se adoptó una ley de amnistía, lo que significa que nunca más se hablará de lo que ocurrió durante la dictadura. Esa ley significa que en España ni se ha buscado ni se ha producido ningún tipo de reconciliación.

Desde luego, en Europa, a nivel político, ya hay mayor conocimiento de España y se han supervisado de cerca sus avances. Con todo, el interés europeo por implicarse ha sido insignificante. La UE es una organización cuyos miembros son Estados y el diálogo se lleva a cabo con los miembros. Si una región pide ayuda, la UE no puede proporcionarla si el Estado no lo solicita explícitamente. Se trata el tema como una cuestión interna. Por ello, el caso de Cataluña no puede estar en el orden del día. En mi opinión, se equivocan.

Al leer los principios básicos en los que se fundamenta la adhesión a la UE, y tal como se expresa en el artículo 2 del Tratado de la UE, me siento completamente satisfecha formando parte de esta Unión. « La Unión debe basarse en los valores del respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas que pertenecen a minorías. Estos valores deberían ser comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por la diversidad, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y el principio de igualdad entre mujeres y hombres.» Pero, cuando veo lo poco que se respeta este artículo, y no sólo en España, siento vergüenza.

Los catalanes con quienes hablé antes de la votación del referéndum del primero de octubre de 2017 estaban convencidos que la UE los defendería si España utilizaba la violencia. Previeron que se aplicaría el artículo 7 del Tratado, lo que significa que un país puede ser privado de determinados derechos -como el derecho al voto en el Consejo- si viola los valores básicos establecidos en el artículo 2. Sin embargo, para que ello sea posible, el Consejo debe manifestar por unanimidad que el Estado en cuestión ha incumplido sus obligaciones en virtud del Tratado. Pero, ¿cómo se puede llegar a la unanimidad en una cuestión de este calado cuando España no es el único país que no respeta el artículo 2?

¿Y por qué la UE no amenazó, como lo hizo con Polonia y Hungría, también a España con el procedimiento del artículo 7 cuando se adoptó la «Ley Mordaza» o cuando se hizo efectivo el uso de la fuerza en el referéndum? ¿O cuando resultó que los tribunales españoles tampoco son independientes y que aquello no se ajusta a la Constitución? ¿Puedes ser miembro de la UE sin cumplir sus condiciones? En Polonia, el uso del artículo 7 trataba de leyes que ponían en riesgo la independencia de los tribunales, y en Hungría se trataba de violaciones graves, entre otras, contra la libertad de prensa. Es preciso recordar que, en el momento del referéndum, todos los máximos representantes de la UE (Comisión, Parlamento y Consejo) provenían del Grupo PPE (Partido Popular Europeo), que también incluía el partido del Gobierno español. Tanto el presidente de la Comisión, Juncker, como el presidente del Parlamento, Tajani -que en un discurso en Italia elogió a Mussolini-, recibieron durante este tiempo distinciones honoríficas del Estado español. Aquí también se trata, seguramente, del miedo a permitir que Cataluña se convierta en la caja de Pandora. Hay muchos otros conflictos latentes o soterrados en diversos países de Europa que aparecen, o no, según se trate el tema de Cataluña.

El hecho de ser una democracia de pleno derecho no sólo significa que los ciudadanos puedan votar cada cuatro años. Los fundamentos de la democracia son elecciones libres, el respeto de los derechos humanos y los principios del estado de derecho. El estado de derecho no puede prevalecer sobre los derechos humanos. Todo va junto. En un estado de derecho las leyes rigen lo que podemos o no podemos hacer, y tenemos tribunales independientes. Pero no podemos promulgar leyes que no respeten los derechos humanos como, por ejemplo, la «Ley Mordaza». En un estado de derecho los tribunales deben ser independientes, pero durante el proceso contra los presos políticos ha resultado cada día más obvio que éste no es el caso de España.

Yo soy demócrata y espero que en una democracia se resuelvan los conflictos políticos con diálogo, no con violencia. Y espero que los conflictos políticos se resuelvan a través de la política no por los tribunales. En una democracia no es aceptable encarcelar y condenar a los opositores políticos a largas penas de prisión con la ayuda de jueces designados políticamente y sin un soporte legal claro. En una democracia no es aceptable utilizar la propia policía de seguridad para perseguir y espiar a los opositores políticos que se hallan en el exilio, sin la aprobación del otro Estado. En una democracia no es aceptable juzgar en un tribunal a los artistas por las letras de sus canciones. En una democracia no es aceptable que... La lista puede ser muy larga.

Desgraciadamente, mi imagen del Estado español ha empeorado mucho después de haber seguido de cerca sus avances durante esos más de 40 años. Desde la esperanza que el país se dirigiera realmente, paso a paso, hacia una democracia plena hasta cuestionarme si todo ha sido una mentira desde el principio hasta el final. ¿Cómo puede ser una democracia cuando el espíritu franquista -con ayuda de las secciones más conservadoras de la Iglesia católica- todavía gobierna a través de una Constitución que parece imposible modernizar? Quiero enfatizar que son el Estado y sus estructuras, incluidos la judicatura y el ejército, los que me provocan este sentimiento. Y también que aumenta día a día mi impresión que el fascismo nunca se fue del todo y que eso es un reto para todos los demócratas en España -por suerte, también son muchos-, en todas las Autonomías.

Mi imagen de la UE también ha cambiado. En 1986 yo estaba entusiasmada con la entrada de España en la UE. Estaba convencida que la UE era la garantía para los derechos de las minorías y que España, como miembro de la UE, no podía utilizar nunca más la violencia contra catalanes y vascos. Viendo el resultado de cómo la UE cierra los ojos y que, en esencia, repite lo que quiere transmitir el gobierno español, he perdido aquella fe. En el Parlamento Europeo ni siquiera nos permitieron organizar un debate sobre los acontecimientos del referéndum.

¿Qué será del futuro? No lo sé. Lo único que sé es que resulta incomparable cómo funcionamos nosotros en el norte y cómo funciona el sur. Quizás sea este el error que cometemos al analizar los sucesos en otros países. Nuestra historia es totalmente distinta y, por tanto, nuestras formas de relación con los vecinos, también. Lo que sí pido es que, si voluntariamente formamos parte del mismo club, en este caso la UE, todos debamos cumplir con las reglas del club. Tenemos que aceptar las reglas del juego. Y aquí fallamos completamente cuando vemos lo que está ocurriendo hoy tanto en España como en otros países de la Unión. Es hora que la UE asuma su responsabilidad de vigilante de los tratados y adopte una parte activa para resolver los conflictos internos de los Estados miembros, para ayudarles a reenprender el camino hacia la democracia y el cumplimiento del artículo 2 del Tratado.


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